Sheinbaum defiende a Rubén Rocha y exige pruebas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios—entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez—por presuntos vínculos con Los Chapitos, la facción más violenta del Cártel de Sinaloa. La denuncia, señalada por Washington como un golpe a la corrupción que alimenta al narcotráfico, asegura que los acusados recibieron sobornos a cambio de proporcionar protección e información clasificada a la organización criminal, lo que incluiría el presunto apoyo de Los Chapitos en la campaña que llevó a Rocha a la gubernatura.

El mandatario estatal, de 76 años, y los demás señalados enfrentarían una solicitud de extradición, misma que fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), pero que de acuerdo con la SRE no cuenta hasta ahora con pruebas “contundentes e irrefutables”.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, declaró tajante la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su conferencia mañanera del 30 de abril, al tiempo que desplegaba un discurso de firme defensa de la soberanía nacional. La mandataria informó que la FGR inició una investigación paralela sobre los hechos y condicionó cualquier proceso de extradición a que la propia fiscalía mexicana recabe evidencias “conforme a nuestra legislación”. Sheinbaum aseguró que, previo a la comparecencia, sostuvo una comunicación telefónica con el gobernador Rocha, a quien transmitió un claro mensaje de respaldo institucional: “Si no hay nada, no hay nada que temer”, al advertir que bajo ninguna circunstancia se tolerará la intromisión de un gobierno extranjero en los asuntos internos del país.

Una de las aristas que más tensión ha generado en la relación bilateral es la aparente filtración de la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso un “extrañamiento jurídico” contra la Embajada de Estados Unidos en México, luego de que el embajador Ronald Johnson hiciera públicas las acusaciones apenas un día después de que fueran recibidas de manera confidencial, violando los protocolos de los tratados bilaterales de extradición. Sheinbaum calificó la conducta del diplomático estadounidense como “desafortunada e injerencista”, recordando pasajes históricos de la relación entre ambas naciones y subrayando que México se relaciona bajo condiciones de igualdad.

Mientras el gobierno federal insiste en que se esperarán las pesquisas internas, el gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró que “no va a pasar nada”, intensificó su discurso en redes sociales tildando la acción de Washington como parte de una “estrategia perversa” para desestabilizar a la Cuarta Transformación y violentar el orden constitucional del país. Por su parte, el senador morenista Enrique Inzunza también salió al paso de los señalamientos, mientras que en el ámbito político nacional se espera que la FGR profundice en las indagatorias para determinar si el caso constituye una maniobra geopolítica o si existen los elementos legales para proceder contra los funcionarios en territorio mexicano.

La oposición, mientras tanto, exige una postura más enérgica y ha señalado la necesidad de no minimizar acusaciones de esta magnitud en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.