Choque en San Cosme: comerciantes denuncian abuso y allanamiento; alcaldesa acusa emboscada

El enfrentamiento del pasado viernes entre autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y comerciantes de la colonia San Cosme escaló a una guerra de denuncias cruzadas. Mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega asegura que ella y su equipo fueron víctimas de una emboscada por parte de más de 200 personas enviadas por la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, los vendedores presentaron 12 denuncias formales ante la Fiscalía capitalina por lesiones, abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas, discriminación y robo de mercancía.

El saldo del operativo, que buscaba retirar alrededor de 60 puestos semifijos en el cruce de Insurgentes y Ribera de San Cosme, dejó a personas adultas mayores lesionadas y pérdidas económicas para más de 180 personas que dependen del comercio ambulante.

La versión de los comerciantes apunta a una provocación calculada.

De acuerdo con documentos exhibidos por el diputado de Morena, Paulo García, los vendedores fueron reubicados legalmente en esa zona hace más de un año y medio por acuerdo con la administración anterior de la alcaldía, como parte de las acciones para liberar el túnel de la calle Génova en la Glorieta de Insurgentes. Aseguran que el Gobierno de la Ciudad había convocado a una mesa de diálogo para el mediodía del viernes, pero personal de la alcaldía no acudió, lo que derivó en que los comerciantes —preparados para vender el 14 de febrero— se reinstalaran y desatara el operativo violento.

Sánchez Barrios, quien aclaró que ya no preside la organización Pro Diana, acusó a Rojo de la Vega de buscar confrontación para "cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios" y acelerar la gentrificación en la demarcación, además de recordar que se han denunciado presuntas licitaciones simuladas por 97 millones de pesos a favor del Grupo Meor.

La alcaldesa, por su parte, sostiene que actuó dentro de la ley y fue víctima de violencia.

En videos difundidos en sus redes sociales, Rojo de la Vega exhibió golpes en el pómulo, el brazo y la cadera, y aseguró que ella y su equipo fueron "emboscados por delincuentes" mientras supervisaban el retiro de puestos que carecían de permisos. La funcionaria responsabilizó directamente a Diana Sánchez Barrios de orquestar la agresión y advirtió que no se dejará de lado el programa de reordenamiento del comercio en vía pública. Sin embargo, los comerciantes se deslindaron de las acusaciones y señalaron que la alcaldesa contaba con un amplio dispositivo de seguridad y que las lesiones pudieron haber ocurrido durante su propio repliegue.

Uno de los puntos más graves señalados por los denunciantes es el allanamiento, ya entrada la noche, de oficinas privadas de Pro Diana sin orden judicial, mientras Rojo de la Vega transmitía en vivo criminalizando a los vendedores.

El gobierno federal intenta acotar la controversia.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada este lunes en su conferencia matutina, evitó opinar sobre los hechos y se limitó a señalar que "cada quien saque sus conclusiones de los videos", aunque enfatizó que los reordenamientos deben hacerse con diálogo, "no con show", y que no se debe estigmatizar a los comerciantes. Mientras tanto, la Secretaría de Gobierno local reveló que el conflicto se originó por la inasistencia del personal de la alcaldía a una reunión previamente acordada con los vendedores, lo que motivó su reinstalación y el posterior operativo.

El caso expone las profundas fracturas políticas entre el gobierno morenista de la Ciudad de México y una alcaldesa opositora, en un conflicto que, más allá del ordenamiento del espacio público, parece librado en los terrenos de la venganza política y la disputa por el futuro de una de las zonas más simbólicas de la capital.