Claudia Sheinbaum designa a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró hoy a Esthela Damián Peralta como la nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, un cargo clave para la asesoría legal presidencial. Este nombramiento llena la vacante que dejó Ernestina Godoy, quien fue ratificada por el Senado como Fiscal General de la República (FGR) a principios de este mes, tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Damián Peralta, de 53 años y originaria de Guerrero, es considerada una figura del círculo de confianza más cercano a la mandataria.

La trayectoria de Damián Peralta está profundamente entrelazada con la de la presidenta. Fue su secretaria particular durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2022-2023). Previamente, durante cuatro años, dirigió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital, desde donde impulsó políticas de protección para niñas, niños y adolescentes. Inmediatamente antes de este nuevo nombramiento, se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Su experiencia también abarca una extensa carrera legislativa. Fue diputada federal (2009-2012) y diputada local en dos periodos (2006-2009 y 2012-2015) en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de participar como diputada constituyente de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación, especializándose en áreas como derecho parlamentario, fiscal, administrativo, electoral y derechos humanos.

Tras el anuncio, Damián Peralta asumió el cargo con un mensaje de compromiso, afirmando que lo hacía con "responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación". La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es la oficina encargada de brindar asesoría legal directa a la presidenta, analizar y elaborar proyectos de ley, y representar al gobierno en litigios y controversias constitucionales. El sueldo para este cargo, según la Plataforma Nacional de Transparencia, es de 191,550 pesos brutos mensuales.