Con chorros a presión: reprimen marcha por agua en Guadalajara

La crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este domingo 11 de octubre a un enfrentamiento violento frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Una manifestación pacífica de aproximadamente 10,000 personas, que partió de la Glorieta de La Minerva para exigir agua de calidad, fue repelida con gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y bombas aturdidoras por elementos antimotines. El saldo oficial fue de 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y al menos 31 civiles que requirieron atención médica. Organizaciones civiles elevaron la cifra de detenidos a más de 50 y reportaron personas desaparecidas tras el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó enérgicamente los hechos desde su conferencia matutina del lunes. "No estamos de acuerdo con la represión", declaró, al exigir al gobernador Lemus que explique por qué se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes y que dé a conocer los nombres de todos los detenidos. La mandataria federal también rechazó cualquier esquema que implique la privatización del servicio de agua, un punto de fricción central con el gobierno de Jalisco, cuyo mandatario ha planteado un modelo de financiamiento mixto para las obras hidráulicas que la Federación no está dispuesta a autorizar.

Lemus respondió atribuyendo la violencia a un "grupo de choque" de unas 400 personas encapuchadas que, según su versión, irrumpieron en una marcha que había transcurrido pacíficamente durante más de dos horas. El gobernador ordenó a la Fiscalía estatal revisar caso por caso las detenciones y los videos del operativo para sancionar cualquier posible exceso policial, y confirmó la liberación de 12 de los 39 detenidos, quienes continuarán bajo investigación. Familiares de los arrestados rechazaron la versión oficial: "No somos un grupo de choque y la violencia viene desde la institución, desde el Estado". La Universidad de Guadalajara exigió esclarecer la detención de al menos tres estudiantes, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió 41 actas por los hechos.

El trasfondo de la protesta es una crisis sanitaria que afecta a más de 320 colonias del área metropolitana desde marzo pasado. Un monitoreo ciudadano detectó plomo, mercurio, materia fecal y ausencia de cloro en el agua que llega a los hogares, provocando enfermedades en la piel y caída de cabello entre los vecinos. El gobierno estatal reconoció la gravedad del problema y anunció un recorte de hasta el 25% del suministro durante los próximos seis meses para dejar de utilizar el agua contaminada de la presa Las Pintas. Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las carpetas de investigación y las organizaciones civiles advierten que la criminalización de la protesta social constituye un retroceso para el derecho a la manifestación en la entidad.