Contratos de limpieza federal vuelven a estar bajo la lupa

El modelo de contratación de los servicios de limpieza en la Administración Pública Federal, impulsado mediante el denominado Contrato Marco, vuelve a ser objeto de cuestionamientos por la concentración de adjudicaciones en un grupo de empresas que han obtenido algunos de los contratos más importantes del Gobierno federal.

El esquema, implementado con el objetivo de homologar criterios de contratación, fomentar la competencia y generar mejores condiciones para el uso de los recursos públicos, ha permitido la participación de diversos consorcios en licitaciones para dependencias como IMSS Bienestar, ISSSTE e Instituto Politécnico Nacional (IPN), por montos que, en conjunto, representan varios miles de millones de pesos.

No obstante, diversas denuncias públicas y publicaciones periodísticas han señalado posibles vínculos entre algunas de las empresas participantes, situación que ha generado cuestionamientos sobre el nivel de competencia existente en algunos procedimientos de contratación.

Entre los contratos de mayor monto destacan dos adjudicaciones de IMSS Bienestar por más de 7 mil 300 millones de pesos y 2 mil 600 millones de pesos, respectivamente, además de un contrato del ISSSTE superior a los 2 mil 400 millones de pesos y otro del IPN cercano a los 2 mil 300 millones de pesos.

En el caso del Instituto Politécnico Nacional, el procedimiento ha cobrado relevancia luego de que se hicieran públicos procedimientos administrativos relacionados con exfuncionarios de esa institución. Asimismo, existen reportes de que órganos internos de control emitieron observaciones respecto de algunos procesos de contratación, cuyos efectos y cumplimiento continúan siendo materia de seguimiento por las autoridades competentes.

Especialistas en contratación pública han señalado que, independientemente de que existan o no responsabilidades legales, resulta indispensable que las autoridades revisen de manera permanente los procesos de licitación, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales de las empresas contratistas y garanticen que las adjudicaciones se realicen bajo criterios de transparencia, competencia y legalidad.

Hasta el momento, corresponde a las autoridades determinar si los procedimientos observados cumplen con la normatividad aplicable y, en su caso, establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.