Corte Suprema de EE.UU. autoriza a Trump a cancelar protección migratoria para más de 500 mil migrantes latinoamericanos

Washington, D.C. – 28 de mayo de 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes una medida del expresidente Donald Trump que permite revocar el permiso humanitario ("parole") a más de 532,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes podrían quedar expuestos a una deportación inmediata.

Con esta resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto una orden previa de una jueza federal que impedía terminar el programa, permitiendo así que el Gobierno republicano avance en su política migratoria mientras el caso continúa en instancias judiciales inferiores.

¿Qué es el "parole"?

El "parole humanitario" es un permiso temporal que permite a extranjeros residir y trabajar en EE.UU. por razones humanitarias urgentes o de beneficio público. Fue implementado por el gobierno de Joe Biden para atender la crisis migratoria y reducir la presión en la frontera sur.

El programa otorgaba un permiso de dos años a quienes superaran controles de seguridad y contaran con un patrocinador económico dentro del país.

El giro de Trump

Desde su regreso al poder, Donald Trump ha impulsado una serie de medidas para endurecer la política migratoria y desmantelar las acciones tomadas por su antecesor. En su primer día como presidente, firmó un decreto para eliminar el “parole” y en marzo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a cancelarlo formalmente.

El gobierno argumenta que esta revocación facilita la aplicación del procedimiento de “expulsión acelerada”, lo que permitiría deportaciones rápidas sin necesidad de audiencia judicial.

Reacciones y consecuencias

La decisión de la Corte fue dividida, con las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor manifestando su desacuerdo, al advertir sobre las “devastadoras consecuencias” de dejar sin protección a miles de personas.

Organizaciones de derechos migrantes, como Haitian Bridge Alliance, criticaron la medida y advirtieron que los beneficiarios quedarían en situación irregular, lo que los haría susceptibles a la deportación inmediata.

El litigio aún no concluye, pero con este fallo, la agenda migratoria de Trump avanza significativamente, generando preocupación entre las comunidades migrantes y defensores de derechos humanos en EE.UU. y América Latina.