Denuncian que el gobierno de AMLO protegió al Tren Maya de inspecciones ambientales y ocultó daños

Una investigación basada en documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revela que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las autoridades ambientales no fiscalizar ni clausurar los “múltiples y reiterados incumplimientos” del Tren Maya, un nivel de protección gubernamental sin precedentes para un megaproyecto. Según funcionarios del organismo, el gobierno anterior prohibió las inspecciones durante los primeros dos años de obras e instruyó ignorar los delitos ambientales que los inspectores documentaron posteriormente.

Los documentos, correspondientes a enero de 2024, enumeran graves violaciones que en cualquier otro caso hubieran significado la paralización de la construcción. Entre los "pendientes relevantes" detectados se encuentran deforestación en áreas no autorizadas, cambios ilegales de uso de suelo, bancos de materiales sin permiso, obras secundarias sin registro y, en los tramos 5, 6 y 7, la ausencia de estudios técnicos para atravesar la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Un inspector de Profepa con más de dos décadas de experiencia declaró que este trato preferencial es algo que "no lo he visto nunca en todos los años que llevo trabajando".

La situación continúa generando conflicto, pues la administración actual ha reconocido la necesidad de una "restauración integral" de los daños. De manera paralela, nuevos reportes ciudadanos, como la "Misión Civil de Observación" presentada en noviembre, detallan que los impactos continúan tras un año de operaciones. Este informe denuncia la fragmentación de la selva, daños a al menos 125 cenotes en el Tramo 5 y una ola de especulación inmobiliaria y ocupación militar del territorio.

La crisis ambiental se combina con problemas de seguridad operativa y un escándalo de contrataciones. El megaproyecto, cuyo costo final superó ampliamente los 500 mil millones de pesos, ha registrado descarrilamientos y fallas. Mientras tanto, su seguridad está a cargo del Grupo Pryse, una empresa formalmente inhabilitada desde septiembre por la Secretaría de Anticorrupción, aunque continúa operando debido a una suspensión provisional de la sanción.