FGJ imputa a OCESA por homicidio culposo en muerte de fotoperiodistas en festival Ceremonia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó la imputación formal por el delito de homicidio a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, por su presunta responsabilidad en la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. El fatal accidente ocurrió el 5 de abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, cuando una estructura metálica decorativa de aproximadamente 250 kilos, que era movida por una grúa, se desplomó sobre los jóvenes. La resolución que vincula a ambas compañías en la investigación data del 14 de enero, aunque la notificación a los familiares se realizó el pasado 20 de enero.

El suceso, ocurrido alrededor de las 17:00 horas, provocó la muerte instantánea de Giles y Rojas, quienes colaboraban para el medio independiente Mr. Indie. Pese a la magnitud de la tragedia, la organización del festival continuó con el evento durante varias horas, acordonó la zona e impidió el acceso a otros periodistas, lo que generó fuertes críticas por la opacidad en el manejo de la crisis. No fue sino hasta cerca de las 23:00 horas que se confirmó públicamente el deceso de los fotógrafos, y el segundo día del festival fue suspendido.

La imputación contra OCESA y la empresa de seguridad Lobo es un avance significativo tras más de nueve meses de investigación, marcados por las quejas de las familias por presuntas trabas y una "violencia institucional" para proteger a las empresas. Raúl Giles, padre de Berenice, reveló que la decisión del Ministerio Público solo se concretó tras la intervención de tres jueces de control, quienes ordenaron a la FGJ incluir a ambas compañías en la carpeta de investigación. Hasta el momento, el caso involucra a un total de cinco personas morales y ocho físicas imputadas.

Por su parte, OCESA emitió un comunicado contradiciendo la versión de la familia, afirmando que, si bien forma parte de las empresas consideradas en la investigación, "a la fecha no ha sido imputada por las autoridades competentes" y reafirmando su colaboración con las instancias correspondientes. Las familias de las víctimas han mantenido una lucha constante, colocando incluso un "contador de impunidad" frente a los juzgados, y exigen que todos los responsables asuman su obligación moral y legal. El caso judicial continúa su curso mientras se busca determinar las responsabilidades penales por la falta de medidas de seguridad que llevaron a esta tragedia.