Gerardo Mérida Sánchez sale de prisión en EE.UU.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos desde el pasado 11 de agosto. La ficha pública del BOP, correspondiente al número 62685-512, indica que el exfuncionario dejó de estar recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permaneció aproximadamente tres meses tras entregarse a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026 en Arizona.

El cambio de estatus no significa necesariamente que Mérida Sánchez haya quedado en libertad. Las autoridades estadounidenses advierten que una persona que deja de figurar bajo custodia del BOP puede encontrarse bajo responsabilidad de otra institución de justicia, en libertad supervisada o en alguna modalidad distinta de detención. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por diversos medios señalan que el exsecretario se encuentra en medio de negociaciones con la fiscalía para convertirse en testigo colaborador, un estatus que ya le habría sido aceptado desde su primera comparecencia en mayo.
La audiencia de seguimiento de su caso, prevista para el 4 de agosto ante la jueza Katherine Polk Failla, fue pospuesta de manera indefinida, lo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible acuerdo con la justicia. Su defensa está a cargo de la abogada Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York con amplia experiencia en acuerdos de culpabilidad. Medios internacionales han señalado que Mérida Sánchez participaría como testigo protegido en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que el exfuncionario habría recibido sobornos de al menos 100 mil dólares mensuales para proporcionar información anticipada sobre operativos policiales, lo que presuntamente permitía a integrantes de esa organización retirar drogas y equipo antes de los cateos.
Su caso forma parte de una acusación más amplia contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Por los delitos imputados, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión, aunque su eventual colaboración como testigo podría modificar sustancialmente el curso de su proceso judicial.





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