México exige respuesta a EU por extradición de "El Mayo" Zambada

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó la falta de respuesta de Estados Unidos a cuatro solicitudes de extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, detenido en julio de 2024 en Nuevo México. México insiste en juzgarlo por tres órdenes de aprehensión vigentes relacionadas con secuestro y transporte ilegal.

Crédito: REUTERS/Jane Rosenberg

Gertz Manero reveló que, pese a que el Departamento de Estado estadounidense reconoció en diciembre de 2024 la solicitud de extradición, las autoridades no han dado una respuesta formal. “Es obligación del gobierno requirente actuar con prontitud”, subrayó durante la conferencia matutina presidencial, señalando que el proceso se inició desde la detención del capo.

Negociaciones y acusaciones

Fuentes cercanas al caso indican que Zambada busca un acuerdo de culpabilidad en EU para evitar la pena de muerte. Su abogado, Frank Pérez, confirmó a Reuters que el narcotraficante aceptaría cargos menores a cambio de que no se aplique la máxima condena. Además, *Proceso* reveló en febrero que Zambada negociaba ser testigo protegido del Departamento de Justicia estadounidense.

Captura bajo controversia

La detención de “El Mayo” ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando llegó en un avión privado a Santa Teresa, Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Zambada alega que fue secuestrado en México y trasladado ilegalmente por particulares, sin intervención de autoridades mexicanas. La FGR inició una investigación por secuestro, aunque descartó la participación de agentes estadounidenses.

Apoyo consular y futuro legal

Gertz Manero aseguró que México brinda acompañamiento consular a Zambada, conforme a la Convención de Viena, y espera que sea extraditado para enfrentar procesos locales. “Si EU presenta una solicitud posterior, la atenderemos”, afirmó. Mientras, la justicia mexicana mantiene abiertas las órdenes de aprehensión y vigila las negociaciones legales en EU.

El caso expone tensiones en la cooperación binacional contra el narcotráfico, con México exigiendo acción y EU sin definir el futuro judicial de uno de los capos más buscados.