Rechazo contundente en consulta sobre derechos de audiencias.

El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), recibió un rechazo masivo durante la consulta pública realizada entre el 27 de julio y el 21 de agosto.

De los 8,889 comentarios registrados, el 82.2% se manifestó en contra de la propuesta, mientras que apenas el 9.7% expresó una posición favorable, de acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El argumento principal del rechazo —presente en el 66% de las participaciones— fue que los lineamientos representan un riesgo para la libertad de expresión y una forma de censura encubierta.

Organizaciones civiles, universidades y ciudadanos alertan sobre el riesgo de que el gobierno se convierta en “árbitro de la verdad” y advierten que los lineamientos podrían abrir la puerta a la autocensura en radio y televisión.

La preocupación ciudadana se centró en que el texto otorga a la CRT, un órgano dependiente del Ejecutivo, la facultad de determinar qué constituye información “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”. El 24.6% de los comentarios cuestionó que el Estado pretenda erigirse como “árbitro de la verdad”, mientras que el 34.2% expresó dudas sobre la necesidad de que el gobierno intervenga en la protección de las audiencias. Además, el 14.8% señaló la falta de autonomía de la CRT frente al poder Ejecutivo y el 11.5% criticó que las obligaciones recaigan exclusivamente sobre los concesionarios, sin que existan mecanismos equivalentes para evaluar la comunicación gubernamental.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) se sumaron a las críticas. El investigador Jorge Peniche advirtió que los lineamientos “pueden ser usados para reprimir el periodismo independiente” o generar un “efecto intimidatorio”. HRW subrayó que la propuesta otorga a la CRT facultades para revocar decisiones de las defensorías de audiencias y multar a los medios con hasta el 1% de sus ingresos anuales, lo que, en su opinión, vulnera tratados internacionales firmados por México. La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) también alertó sobre el riesgo de que la autoridad administrativa termine “evaluando contenidos editoriales” y sustituyendo el criterio profesional de periodistas.

La consulta, que duró 26 días, recibió 271 documentos anexos que sumaron más de 2,500 páginas, con pronunciamientos de organizaciones como Artículo 19, universidades y colegios de profesionistas. La propia CRT anticipó durante el proceso que realizaría ajustes al proyecto ante las inquietudes expresadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la iniciativa asegurando que no busca censurar, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz. Sin embargo, con más de ocho de cada diez participantes en contra, el gobierno enfrenta el reto de modificar sustancialmente los lineamientos o abandonar una propuesta que ha generado un frente común de oposición que incluye a medios, organizaciones civiles y organismos internacionales.