Texas se apropia de nueve islas del Río Bravo

El gobierno de Texas, bajo el argumento de reforzar la seguridad fronteriza, autorizó de forma unilateral la entrada de sus fuerzas de seguridad a nueve islas ubicadas en el cauce del Río Bravo, en el tramo entre Laredo y McAllen. La medida fue notificada por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, quien giró un oficio al Departamento Militar y al Departamento de Seguridad Pública estatal para que ingresen, limpien y patrullen estos territorios.

La decisión surge tras una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para revisar la situación de 28 islas cuya titularidad, según las autoridades texanas, no estaba claramente establecida. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió de inmediato y exigió que se respete el Tratado de Límites de 1970, subrayando que la determinación de la frontera es una facultad exclusiva de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

La operación texana se basa en la premisa de que estas islas podrían ser utilizadas por cárteles y contrabandistas, aunque la propia comisionada Buckingham reconoció en su oficio que no existen actividades delictivas confirmadas en las nueve islas adicionales. La Oficina General de Tierras de Texas (GLO) justificó la medida señalando que la falta de una definición sobre la propiedad de los terrenos dificultaba las labores de seguridad, y afirmó haber utilizado mapas históricos, levantamientos topográficos y fotografías aéreas para determinar su titularidad.

Este no es un episodio aislado: en 2023, Texas ya había declarado como propiedad estatal la isla Fronton, de 170 acres, y realizado operaciones de limpieza en ella, una decisión que permanece bajo revisión de la CILA.

La postura de México se sustenta en el marco jurídico bilateral. La SRE explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río, por lo que la pertenencia de las islas puede variar debido a los movimientos naturales del canal. En consecuencia, cualquier obra o acción que se pretenda realizar en estos territorios requiere la consideración y aprobación de ambas secciones de la CILA, conforme al artículo IV del tratado.

La Cancillería mexicana cuestionó que una autoridad estatal estadounidense pretenda decidir sobre la soberanía de las islas, y recordó que las decisiones sobre límites internacionales y aguas federales no corresponden a los gobiernos estatales. Expertos en derecho del agua, como Gabriel Eckstein, advirtieron además que la controversia podría involucrar un conflicto interno en Estados Unidos, al no estar clara la titularidad de los terrenos entre el estado de Texas y el gobierno federal.

El episodio se suma a una serie de tensiones bilaterales que han marcado la relación entre México y Estados Unidos en 2026, desde el despliegue del operativo espejo en Tamaulipas tras un presunto tiroteo contra la Guardia Costera estadounidense, hasta las presiones de la administración de Donald Trump en materia de agua y comercio.

La apropiación de facto de las islas del Río Bravo representa un nuevo desafío para la diplomacia mexicana, que deberá definir si recurre a la vía diplomática, a la CILA o a instancias internacionales para hacer valer el tratado de 1970. Mientras tanto, Texas consolida una estrategia de control territorial unilateral que, como advierten los especialistas, podría sentar un precedente peligroso para la soberanía y la gestión de los recursos compartidos en la frontera.