UIF congela cuentas de Rocha Moya, sus hijos y el senador Inzunza

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus tres hijos —Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz—, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por narcotráfico ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La medida, formalizada mediante el Acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo y distribuido a las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano. Entre los alcanzados también figuran el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y exmandos policiacos como Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "El Cholo", y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", este último acusado además de participar en el secuestro de un informante de la DEA en 2023. Las instituciones financieras tienen 10 días hábiles para ejecutar el bloqueo total de cuentas, desde transferencias hasta el uso de créditos.

Frente a los reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes durante La Mañanera del Pueblo que no tenía conocimiento previo del congelamiento de cuentas y solicitó a la UIF informar si efectivamente se había ejecutado la medida. «No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso», declaró la mandataria, quien subrayó que la UIF es «un área que es técnica» y que «si encuentra alguna irregularidad, procede».

Sheinbaum se distanció así del conocimiento previo de la acción, calificando al organismo como un órgano autónomo que goza de facultades para actuar ante cualquier sospecha de corrupción. Hasta el cierre de esta edición, ni la UIF —actualmente encabezada por Omar Reyes Colmenares tras la salida de Pablo Gómez Álvarez— ni la Secretaría de Hacienda han emitido una postura oficial detallada sobre el alcance de las medidas financieras.

La acción preventiva de la UIF se deriva de la acusación formal presentada el pasado 30 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, a quienes se les imputa conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como delitos relacionados con armas. Según los documentos judiciales revelados por el Departamento de Justicia, la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa habría brindado apoyo político y económico a Rocha Moya para llegar al poder en 2021 a cambio de protección, impunidad para sus operaciones y acceso a información privilegiada sobre operativos federales.

El fiscal federal Jay Clayton declaró que «el Cártel de Sinaloa no operaría tan libre o exitosamente sin políticos corruptos y funcionarios de seguridad a sueldo», en tanto que el administrador de la DEA, Terrance Cole, subrayó que los acusados «usaron posiciones de confianza para proteger operaciones del cártel, permitiendo un oleoducto de drogas mortales a nuestro país».

Las consecuencias legales para los implicados podrían alcanzar penas de cadena perpetua, mientras que en México la UIF ya ha activado el bloqueo financiero como medida preventiva en el marco de las investigaciones internacionales.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien sigue sin presentarse al Senado pese a haber prometido asistir para refutar las acusaciones, se encuentra en su natal Badiraguato, Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición, y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya recibió los oficios correspondientes, aunque ha solicitado a las autoridades estadounidenses las pruebas adicionales que fundamentan los cargos.

De acuerdo con el Tratado de Extradición bilateral, el gobierno estadounidense tiene un plazo de 60 días después de una eventual aprehensión para presentar la solicitud formal con todos los documentos probatorios. Hasta el momento, ninguno de los acusados ha sido incorporado a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la Fiscalía General de la República no ha ejecutado órdenes de captura en el país. La administración de Sheinbaum ha reiterado que cualquier proceso de extradición deberá desarrollarse conforme a la ley y a los acuerdos de cooperación bilateral vigentes.