Arranca juicio político contra Samuel García; en pleno Mundial.

El gobernador de Nuevo León deberá comparecer el 23 de junio ante el Congreso local por una presunta triangulación de recursos por casi 3 mil millones de pesos, en medio de la atención mundial que atrae Monterrey como sede del torneo de la FIFA

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, por una presunta triangulación de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos que habrían sido desviados hacia despachos vinculados con familiares del mandatario.

La decisión, impulsada por una denuncia de la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, fue respaldada con seis votos a favor de diputados del PAN, PRI y una legisladora de Morena, mientras que Movimiento Ciudadano votó en contra. El procedimiento coloca a García en una posición incómoda justo cuando Nuevo León busca proyectar su mejor imagen al mundo como sede del Mundial de la FIFA.

La comparecencia del gobernador está fijada para el próximo 23 de junio a las 16:00 horas, una semana después del partido inaugural que se disputará en Monterrey. García podrá presentarse de manera presencial, enviar una respuesta por escrito o hacerlo a través de un representante legal, y contará con un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Tras esta audiencia, el expediente será turnado al pleno del Congreso, donde se requerirá el respaldo de al menos 28 de los 42 diputados para que el juicio prospere, una mayoría calificada que la oposición —con una holgada mayoría— podría alcanzar.

El origen de la acusación se remonta al pasado 8 de junio, cuando la dirigente estatal de Morena presentó formalmente la solicitud de juicio político ante el Congreso local. El partido guinda señala que los recursos provenientes de distintas dependencias estatales habrían transitado a través de empresas privadas hasta llegar a un despacho jurídico donde participa el padre del gobernador. Pese a que la denuncia fue impulsada por Morena, dos de los cuatro diputados de ese partido se ausentaron de la sesión de la Comisión Anticorrupción, lo que generó tensiones y cuestionamientos sobre el respaldo real de la bancada a la medida.

Desde Movimiento Ciudadano, la coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, calificó el procedimiento como un acto de persecución política y aseguró que la denuncia carece de sustento jurídico suficiente, argumentando que buena parte de las acusaciones se basan en investigaciones periodísticas y no en pruebas concluyentes.

Aunque el juicio político no implica una destitución automática —la separación del cargo solo podría ser determinada por el Tribunal Superior de Justicia al término del procedimiento—, el golpe político ya está dado. Monterrey, en el centro de la atención mundial por el Mundial, observa cómo su gobernador se enfrenta a un proceso que podría marcar el rumbo de su administración en los meses venideros.