ASF destapa red de contratos en el INE y Taddei queda en la mira

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló este viernes un entramado de presuntas irregularidades que salpica al Instituto Nacional Electoral (INE), la UNAM y los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que dos grupos empresariales —identificados como GC y GHC— acumularon contratos por 8,870 millones de pesos con entidades públicas, principalmente electorales, entre 2014 y 2026. Del total, 3,790 millones corresponden a organismos electorales locales y 430 millones al propio INE, donde se detectaron redes de vínculos entre las empresas y funcionarios públicos, así como la existencia de compañías con registros laborales “reducidos o nulos” que facturaban cientos de millones.

El escándalo no es nuevo. Desde hace más de seis meses, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE había detectado contratos irregulares a proveedores cercanos a la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei, pero las denuncias correspondientes no se presentaron en su momento. El contralor Víctor Hugo Carvente reveló que existen 18 expedientes de investigación, de los cuales cinco ya avanzaron a procedimiento de responsabilidades, y que se presume la comisión de al menos seis delitos, entre ellos conflicto de interés, desvío de recursos, simulación de contratos y abuso de funciones. A ello se suman las 15 renuncias de funcionarios de alto nivel, incluido el jefe de oficina de Taddei, en medio de una crisis interna sin precedentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura y exigió una auditoría “amplia” que no se limite a la gestión de Taddei, sino que revise también los contratos otorgados durante la presidencia de Lorenzo Córdova. “Taddei traicionó la confianza del pueblo de México”, declaró la mandataria, quien subrayó que la ASF debe deslindar responsabilidades y, si hay asuntos penales, turnarlos a la Fiscalía General de la República. Sheinbaum también cuestionó el manejo de los recursos del INE —22,000 millones de pesos este año— y la opacidad en las licitaciones.

En medio del fuego cruzado, Guadalupe Taddei presentó su renuncia al cargo el pasado 26 de octubre, afirmando que se retiraba “con serenidad” y “la satisfacción del deber cumplido”. El Consejo General del INE designó a Blanca Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados inicia el proceso para elegir a la persona que ocupará el cargo de forma definitiva hasta 2032. El caso, que comenzó con señalamientos sobre contratos a proveedores cercanos y un presunto “chofer proveedor”, se ha convertido en una de las mayores crisis de credibilidad del árbitro electoral a menos de un año de las elecciones intermedias de 2027.