Destituyen a la presidenta de Perú en medio de una crisis de seguridad.

En un hecho histórico que refleja la grave crisis de seguridad que vive el país sudamericano, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación unánime que acusó a la mandataria de "incapacidad moral permanente".

La decisión, respaldada por 118 votos a favor sin abstenciones ni votos en contra, se produjo en una sesión exprés que comenzó el jueves 9 de octubre y culminó en la madrugada del viernes 10 de octubre, después de que Boluarte se negara a presentar su defensa al considerar el procedimiento "inconstitucional".

El detonante final de la vacancia presidencial fue un violento ataque contra el grupo musical Agua Marina durante un concierto en el distrito limeño de Chorrillos, donde cuatro integrantes de la banda resultaron heridos por disparos.

El atentado, perpetrado por sujetos que habrían actuado desde una motocicleta y del que se recuperaron 27 casquillos de bala, evidenció la impunidad con que operan las bandas criminales dedicadas a la extorsión en el país . Este episodio se interpretó como la muestra definitiva de la incapacidad del gobierno de Boluarte para garantizar la seguridad ciudadana.

🔥 Crisis de seguridad: el contexto de la destitución

La destitución de Boluarte se produce en medio de una escalada sin precedentes de la violencia criminal en Perú. Según datos oficiales, los homicidios han aumentado un 137% entre 2018 y 2024, y las proyecciones para 2025 anticipan un récord histórico con un promedio de 6.4 asesinatos diarios. La extorsión, considerada el delito de mayor crecimiento, registraba para septiembre de 2025 la alarmante cifra de 20,705 denuncias, lo que equivale a una denuncia cada 19 minutos.

El sector transporte ha sido particularmente golpeado por esta ola criminal. Solo en Lima y Callao, 46 conductores de transporte público fueron asesinados en los últimos doce meses por negarse a pagar extorsiones, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza los 180 conductores asesinados en 2025. Esta situación llevó a los gremios de transportistas a realizar un paro general que paralizó la capital peruana, aumentando la presión sobre el debilitado gobierno de Boluarte.

⏳ Una frágil sucesión presidencial

Tras la destitución de Boluarte, asumió la presidencia de Perú José Jerí, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente del Congreso. Jerí, abogado de 38 años y miembro del partido Somos Perú, deberá conducir el país hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026 . Sin embargo, su llegada al poder no está exenta de controversia, ya que el nuevo mandatario ha enfrentado investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, aunque él ha negado las acusaciones y asegura colaborar con la justicia.

La salida de Boluarte representa la sexta vez en menos de diez años que un presidente peruano abandona el poder antes de completar su mandato, reflejando la profunda inestabilidad política que afecta al país. Tres exmandatarios se encuentran actualmente en prisión por casos de corrupción o abuso de poder, evidenciando una crisis institucional de larga data que se ha agravado con el deterioro de la seguridad ciudadana.

📈 Perspectivas futuras en un país en crisis

El nuevo presidente Jerí asumió el cargo prometiendo que "debemos declararle la guerra al crimen" y liderar un gobierno de reconciliación . Sin embargo, hereda un país donde la criminalidad organizada ha penetrado profundamente en la economía y la sociedad. Según la Cámara de Comercio de Lima, más de 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada, con pérdidas estimadas en 19,000 millones de soles anuales para la economía peruana.

Expertos en criminología advierten que las soluciones requieren un enfoque integral que trascienda las medidas reactivas de "mano dura" aplicadas hasta ahora. Según análisis académicos, se necesitan políticas basadas en evidencia que aborden las causas estructurales del delito, incluyendo la alta informalidad, la falta de coordinación interinstitucional y la debilidad del sistema de justicia.

Mientras Perú se prepara para un nuevo proceso electoral en 2026, la capacidad de su clase política para enfrentar esta compleja crisis de seguridad determinará el futuro inmediato del país.