En El Salvador la cadena perpetua para menores desde los 12 años.

Este domingo entró en vigor en El Salvador el polémico paquete de reformas penales que permite imponer prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas (consideradas grupos terroristas).

La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo, elimina el tratamiento diferenciado que recibían los adolescentes y los somete por primera vez a procesos penales sin discrecionalidad judicial. Las reformas incluyen la creación de "juzgados de lo criminal" y modifican la Constitución, el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, estableciendo una revisión obligatoria de la pena tras cumplir 25 años de prisión, aunque sin posibilidad de libertad condicional anticipada.

UNICEF y ONU califican la medida como violatoria de derechos humanos

Organismos internacionales han alzado la voz contra esta decisión. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitieron una declaración conjunta este 27 de marzo en la que expresan su "profunda preocupación" y advierten que la imposición de cadenas perpetuas a adolescentes "contraviene los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Los estándares internacionales exigen que la privación de libertad sea el último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando la rehabilitación y reintegración social. La ONU también ha señalado que este tipo de condenas resultan "desproporcionadas" frente a la finalidad resocializadora de la pena, mientras organizaciones como Human Rights Watch han recordado que las penas para menores deben ser "sustancialmente más cortas".

El Salvador consolida su modelo de seguridad con más de 91 mil detenidos

El gobierno de Bukele defiende la reforma como una herramienta necesaria para combatir la criminalidad organizada, en el marco de un régimen de excepción que se mantiene vigente desde marzo de 2022 y acumula más de 91 mil personas detenidas. Sin embargo, este mismo contexto ha generado múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura y muertes bajo custodia, según han documentado organizaciones internacionales y el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES).

Para el caso de los menores, la reforma también permite que sean procesados en juicios masivos y trasladados a centros penitenciarios para adultos, una práctica que fortalece el endurecimiento del sistema penal juvenil en el país centroamericano.

El debate llega a México tras asesinato de dos maestras en Michoacán

En paralelo, en México el reciente caso de Osmar N., un adolescente de 15 años acusado de asesinar a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de juzgar a menores como adultos por delitos de alto impacto.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó hace unos meses "abrir el debate" en torno a esta posibilidad, aunque el sistema de justicia penal adolescente en México conserva un enfoque de reinserción social en sintonía con los tratados internacionales que México ha suscrito. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de replicar modelos punitivos extremos como el salvadoreño, que priorizan el castigo por encima de la reinserción, y llaman a mantener el carácter especializado de la justicia juvenil en el país.