España anuncia prohibición total de redes sociales para menores de 16 años

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una medida drástica en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái: la prohibición del acceso a las redes sociales para todos los menores de 16 años. La iniciativa, que forma parte de un paquete más amplio para regular el "salvaje oeste digital", obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos, no solo casillas de verificación.

Sánchez justificó la decisión argumentando que los niños están expuestos a un espacio de "adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación". España se alía así con otros países como Australia y Francia, integrándose en una "Coalición de los Digitalmente Dispuestos" para una regulación multinacional más estricta.

La medida ha desatado un intenso debate entre expertos, quienes cuestionan su base científica y advierten sobre graves riesgos para la privacidad. José César Perales, catedrático de la Universidad de Granada, señaló que la evidencia sobre el impacto negativo de las redes en la salud mental adolescente es "bastante baja" y calificó la prohibición de "arbitraria" y "precipitada".

Por su parte, la abogada especialista en internet Paloma Llaneza alertó sobre los peligros de los métodos de verificación, como el uso de tarjetas de crédito, el reconocimiento facial biométrico —que permitiría a las corporaciones guardar los rasgos faciales de los usuarios— o el escaneo del DNI, práctica que la agencia de protección de datos española ya considera excesiva. Un estudio citado por críticos indica que el 93.7% de especialistas globales considera insuficiente la evidencia para afirmar que esta prohibición beneficiaría la salud mental general.

La implementación práctica del veto enfrenta enormes obstáculos técnicos y legales. El principal desafío será establecer un sistema de verificación de edad robusto que, al mismo tiempo, proteja la privacidad de todos los usuarios. Se especula que España podría utilizar la futura Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), que mediante tecnología de prueba de conocimiento cero ("Zero Knowledge Proof") permitiría acreditar la mayoría de edad sin revelar la identidad. Sin embargo, cualquier sistema que requiera identificación eliminaría el anonimato en línea, creando bases de datos sensibles vulnerables a filtraciones, extorsión o vigilancia gubernamental. Además, la medida podría aislar a jóvenes de comunidades vulnerables (LGTBIQA+, neurodivergentes) para quienes las redes son un espacio vital de apoyo y socialización.

La iniciativa española se enmarca en una ola regulatoria global que busca mayor control sobre el entorno digital, especialmente para proteger a los menores. Australia implementó una prohibición similar en diciembre, y Francia tiene un proyecto de ley para limitar el acceso a menores de 15 años. En Estados Unidos, se debate la ley KOSA, que impondría fuertes restricciones.

Estos movimientos reflejan una creciente preocupación por los efectos de las plataformas, pero también un giro hacia una internet con menos anonimato y más identificación. El éxito de la prohibición española dependerá de su diseño técnico y de si logra un equilibrio real entre protección infantil y preservación de derechos fundamentales como la privacidad y la inclusión.