Estados Unidos acusa formalmente a Rubén Rocha por narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles cargos penales contra el mandatario estatal, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y siete exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia de Sinaloa. La acusación, radicada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y respaldada por la DEA, señala a los imputados de conspirar con la facción de Los Chapitos —liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— para importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a cambio de protección política y sobornos que habrían alcanzado millones de dólares.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, delitos que conllevan penas mínimas de 50 años de prisión hasta la cadena perpetua. Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar ocurridos en octubre de 2023.

La red de corrupción descrita por la DEA incluye sobornos mensuales directos y el uso de las policías locales para proteger al cártel a cambio de impunidad y respaldo electoral. Según la investigación, Los Chapitos contribuyeron a que Rocha Moya ganara la gubernatura en 2021 "secuestrando e intimidando a sus rivales políticos", y una vez en el cargo, el gobernador se reunió con ellos y les prometió salvaguarda.

El vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra recibía presuntamente 11 mil dólares mensuales por alertar al grupo criminal sobre operativos policiales, mientras que Valenzuela Millán cobraba 1,600 dólares al mes para que su corporación sirviera como brazo operativo del cártel. El comunicado de la Fiscalía neoyorquina también subraya que el cártel "no sólo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada" que no podría operar libremente sin respaldo político.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero advirtió que no se aportaron elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidades, por lo que turnó el caso a la Fiscalía General de la República. La Cancillería subrayó que mantendrá la confidencialidad pactada en los tratados bilaterales y enviará un extrañamiento a la embajada estadounidense por la forma en que se filtró la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto y anticipó que esperará los resultados de la investigación interna; no obstante, el caso representa un nuevo golpe para la relación bilateral, ya tensionada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y agravada recientemente por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

Ante la acusación, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos en redes sociales y aseguró que se trata de un "ataque a la Cuarta Transformación" que carece de veracidad y fundamento, mientras que el senador Inzunza se ausentó del pleno legislativo. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, defendió la acción legal como parte de una "prioridad compartida" para combatir la corrupción transnacional y advirtió que "cualquier acto de corrupción de servidores públicos que facilite la operación de organizaciones criminales será investigado y procesado" bajo jurisdicción estadounidense, sin excepción.

El caso abrió además el debate sobre el desafuero del gobernador y el senador, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas a poco más de un mes de que México y Estados Unidos inauguren como coanfitriones el Mundial de Fútbol 2026.