FGR admite que no tiene pruebas contra Rocha Moya; oposición exige transparencia

La Fiscalía asegura que aún no existen elementos suficientes para proceder contra el exgobernador de Sinaloa y los otros nueve señalados por Estados Unidos, mientras la SRE transparenta parte de la información y el PAN califica la situación como “inaceptable”

La Fiscalía General de la República (FGR) admitió este jueves que, hasta el momento, no cuenta con las pruebas suficientes para proceder legalmente contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las otras nueve personas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), precisó que la investigación ha sido exhaustiva —se han realizado entrevistas ministeriales y se ha recabado información diversa—, pero con base en lo señalado en la solicitud de detención provisional con fines de extradición, “no ha habido pruebas, concretamente, para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”. El fiscal descartó que, con base en la Ley de Seguridad Nacional, Rocha Moya o alguno de los requeridos sea enviado de manera “exprés” a las autoridades estadounidenses, y subrayó que la FGR sigue recabando datos de prueba a partir de los señalamientos de Washington.

La Fiscalía también aclaró que la investigación no incluye delitos financieros, por lo que las finanzas del gobernador con licencia o de los otros requeridos por Estados Unidos no están siendo revisadas, pese a que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya solicitaron el bloqueo de sus cuentas bancarias. La fiscal Ernestina Godoy explicó que la indagatoria solo sigue las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos y no se ha ampliado a otros delitos como lavado de dinero. “En la investigación que se sigue, en relación a las 10 personas, son únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos, no más delitos”, puntualizó.

En medio de la polémica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, transparentará la información relacionada con las peticiones de detención provisional con fines de extradición. No obstante, las notas diplomáticas y los expedientes judiciales permanecerán bajo reserva. La Cancillería también reclamó a la embajada de Estados Unidos la difusión pública de los cargos antes de que se agotaran los canales oficiales, al considerar que ello vulnera el debido proceso. Paralelamente, la SRE decidió mantener bajo reserva por cinco años el cuestionario y las respuestas de la investigación sobre Rocha Moya, una decisión que ha sido fuertemente criticada por la oposición.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, calificó la reserva de información como “absolutamente inaceptable” y exigió que se haga pública la declaración de Rocha Moya. “Nosotros exigimos que se haga público, que se detenga a Rocha Moya y que se le hable a la gente con transparencia”, declaró. Anaya también acusó al gobierno de Morena de “defender al narco gobernador” y de “ocultarle la información al pueblo de México”. El panista advirtió que “la gente tiene memoria” y que esta decisión “les va a salir muy caro” al gobierno. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha insistido en que el gobierno no protegerá a nadie y que cualquier acción legal se resolverá bajo las leyes mexicanas.