Gobierno defiende Ley General de Telecomunicaciones.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró que la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, no abre la puerta al espionaje ni a la censura estatal. Destacó que varios artículos —entre ellos el 183 del dictamen— mantienen la misma redacción que la vigente desde 2014, cuando fueron aprobados por PRI y PAN.

El funcionario señaló que las obligaciones para los operadores de telecomunicaciones (como la localización geográfica o entrega de datos) únicamente se activan mediante una orden judicial fundada, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin cambios respecto al marco existente.

Sobre las críticas que apuntan a posibles actos de censura, Peña Merino aclaró que los nuevos lineamientos refuerzan los “derechos de las audiencias” —diversidad, igualdad de género, no discriminación, programación infantil—, pero únicamente como respuesta a quejas ciudadanas presentadas ante los defensores de audiencias de los medios, no por intervención directa del Estado.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura, afirmando que no hay intención ni facultad para espiar o censurar. Subrayó que las acusaciones de la oposición —que han calificado la reforma como “Ley Espía” o “Ley Censura”— se basan en malentendidos o propaganda, ya que no hay ninguna modificación real respecto a la ley de 2014.

Sin embargo, la oposición, encabezada por el PAN y figuras como Ricardo Anaya, alertaron que la reforma permitirá geolocalización en tiempo real de celulares y suspensión de transmisiones sin claridad judicial.

Anaya aseguró en el Senado que “no podemos acompañar una ley censura”, advirtiendo que podrían mantenerse mecanismos peligrosos aunque parezcan inofensivos.

Finalmente, Peña Merino también se refirió a Llave MX, desmintiendo acusaciones de suplantación de identidad. Recordó que ningún trámite se puede realizar únicamente con esta herramienta: siempre es necesaria la verificación documental por parte de un servidor público.

Por ahora, la iniciativa sigue su trámite en la Cámara de Diputados. El Gobierno busca garantizar que la reforma municipalice los mecanismos de colaboración judicial sin afectar derechos ciudadanos, mientras la oposición exige mayores garantías y precisión para evitar “facultades discrecionales” que pudieran vulnerar libertades.