Polémica “Ley Espía” avanza en el Congreso; oposición denuncia retroceso en libertades y derechos

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalada por legisladores de oposición como una amenaza a los derechos humanos y la privacidad de la ciudadanía. Apodada “Ley Espía”, la iniciativa permite al Gobierno acceder sin orden judicial a bases de datos públicas y privadas, bajo el argumento de mejorar la seguridad y prevenir delitos como secuestro o extorsión.

La reforma fue avalada en lo general con 445 votos a favor, provenientes de Morena, PT, PVEM, MC y PAN, y 37 votos en contra del PRI. Aunque se eliminó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, críticos señalan que se mantuvo el acceso irrestricto a información sensible y se centralizó el control en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El diputado panista Jorge Antonio González Flores calificó la ley como un “grave retroceso” para las libertades y advirtió que legaliza la “vigilancia masiva y permanente”. “Van a saber dónde estás, con quién hablas y hasta tus planes futuros. Nosotros decimos no a la Ley de espionaje”, expresó.

Por su parte, la diputada de MC Claudia Ruiz Massieu criticó las modificaciones de último momento al dictamen, al considerarlas “engañosas”. Afirmó que aunque se eliminó el registro telefónico, se preserva la concentración de información en el Gobierno federal y el acceso sin restricciones judiciales.

En defensa de la iniciativa, legisladores de Morena aseguraron que “no se trata de espiar a nadie”, sino de cerrar espacios al crimen organizado. “Es una ley con rostro humano”, sostuvo la diputada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, la aprobación se dio en medio de fuertes reclamos. La bancada del PRI llevó una corona fúnebre al Pleno con la leyenda “murió la democracia”, mientras que el diputado Israel Damián Retes (PAN) denunció que la reforma “robustece el monstruo del espionaje”, aunque su partido votó a favor de algunos puntos como el bloqueo de señal en cárceles.

Rubén Moreira (PRI) denunció un “albazo legislativo”, al acusar que el nuevo dictamen —de más de 480 páginas— fue publicado durante la madrugada, impidiendo su análisis adecuado: “Esto es una práctica de estados fascistas”, sentenció.

Con esta reforma, el Consejo Nacional de Seguridad Pública también podrá suspender recursos federales a estados y municipios que incumplan con sus acuerdos, aumentando la centralización del poder y la supervisión desde el Gobierno federal.