La UIF congela cuentas de Guadalupe Taddei y 40 implicados.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y de otras 39 personas y empresas vinculadas a proveedores electorales, tras detectar operaciones financieras con “elementos de riesgo” que apuntan a posibles actos de lavado de dinero. La medida, anunciada el 4 de noviembre de 2026, alcanza a 25 personas físicas —entre ellas Taddei— y 15 personas morales, y fue acompañada de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las posibles responsabilidades penales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que se trata de una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

El origen del bloqueo es una red de presunta corrupción que salpica a la administración de Taddei al frente del INE. Las investigaciones detectaron que Jonathan Navarrete Torres, quien trabajaba como chofer de Taddei, aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, una firma vinculada con Cajas Graf, empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambas compañías recibieron en enero de 2025 contratos por 197.6 millones de pesos para producir materiales de la elección judicial, y los señalamientos incluyen posibles prácticas de competencia concertada, simulación comercial y conflictos de interés en la asignación de contratos. El extitular de la UIF, Pablo Gómez, ya había confirmado que en 2023 se bloquearon cuentas de empresas proveedoras vinculadas a los Hernández Casillas, aunque un amparo les permitió revertir la medida.

La reacción política no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de la UIF y exigió una auditoría profunda al INE, mientras que la propia Taddei había presentado su renuncia a la presidencia del organismo el pasado 25 de octubre, tras revelarse los presuntos conflictos de interés y vínculos entre su entorno y las empresas proveedoras. Desde entonces, el INE acumula 30 renuncias de funcionarios afines a la exconsejera, en lo que se interpreta como una limpieza interna tras el escándalo. La dirigencia nacional de Morena calificó a Taddei como “indefendible”, mientras el PRI exigió al partido gobernante “dar la cara” por haberla impulsado en el cargo.

El cerco judicial y financiero sobre Taddei no parece que vaya a cerrarse pronto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas tres líneas de investigación que abarcan las adquisiciones del INE y del extinto IFE, un estudio histórico de contrataciones entre 2000 y 2025 y una auditoría integral al organismo electoral. El titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que los indicadores de riesgo que motivaron el bloqueo incluyen “que el dinero dure muy poco en una cuenta y sea trasladado” a otras cuentas sin actividad comercial aparente, y no confirmó oficialmente si Taddei está en la lista de bloqueados amparándose en el secreto bancario.

Mientras la FGR integra la denuncia y la ASF desahoga sus auditorías, la exfuncionaria enfrenta un escenario en el que sus cuentas están congeladas, su círculo cercano ha sido desmantelado y la sombra de la justicia penal se cierne sobre una de las figuras más controvertidas del sistema electoral mexicano.