Puebla frena la “Ley Casco”: motociclistas abren mesa de diálogo

La presión de los motociclistas dio resultados. Luego de una manifestación que colapsó la Vía Atlixcáyotl durante más de cuatro horas la tarde del martes, el gobierno de Puebla y el Congreso local aceptaron suspender temporalmente la entrega de los hologramas con chip que exige la llamada “Ley Casco”. El acuerdo se alcanzó en una reunión encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente del Congreso, Pavel Gaspar, con representantes del Movimiento Motociclista del Estado de Puebla.

*Luego de un bloqueo de más de cuatro horas en la Vía Atlixcáyotl, el gobierno estatal y el Congreso local acordaron instalar mesas técnicas el 21 de septiembre para revisar la polémica reforma; la entrega de los chips queda en pausa.*

Las mesas de trabajo comenzarán el próximo 21 de septiembre en el Congreso local, con el objetivo de analizar los alcances jurídicos y operativos de la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Como parte de los acuerdos, el gobierno dará respuesta por escrito a las inquietudes del gremio, mientras que la Secretaría de Movilidad y Transporte revisará las dudas técnicas y administrativas sobre los dispositivos. La entrega de los hologramas permanecerá suspendida hasta que se definan los acuerdos en dichas mesas.

Los motociclistas han expresado su rechazo a que el chip se coloque en el casco, argumentando que el adhesivo podría dañar la estructura del equipo de protección. Además, consideran que la medida los estigmatiza y no es una solución efectiva contra la inseguridad. Entre sus principales propuestas, solicitan que el dispositivo de identificación se coloque en la placa del vehículo y no en el casco. También exigen que las reformas no vulneren sus derechos y que se reduzca la carga burocrática para los usuarios.

El gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración no busca criminalizar a los motociclistas, sino atender el incremento de delitos cometidos con este tipo de vehículos. Subrayó que la intención es construir acuerdos y no imponer reformas sin escuchar a los sectores involucrados. La reforma, aprobada en 2025, buscaba facilitar la identificación de motociclistas para combatir la delincuencia, pero el fuerte rechazo social ha obligado al gobierno a abrir un diálogo que definirá el futuro de la polémica legislación.