Rocha Moya pide licencia como gobernador de Sinaloa en medio de acusaciones de EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó este viernes una licencia temporal al cargo ante el Congreso estatal, luego de que el miércoles pasado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusara formalmente —junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios— de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de haber recibido sobornos millonarios a cambio de protección e información para la facción de "Los Chapitos". En un breve mensaje difundido en redes sociales, el mandatario morenista negó categóricamente los señalamientos —que calificó como "falsos y dolosos"— y aseguró tener la "conciencia tranquila". Rocha Moya, de 76 años, argumentó que la decisión busca "facilitar la actuación de las autoridades mexicanas" ante el anuncio de la Fiscalía General de la República de iniciar una investigación independiente sobre los hechos.

El Congreso de Sinaloa aprobó en fast track la licencia del gobernador por unanimidad y sin debate, en una sesión extraordinaria celebrada la mañana del sábado que duró menos de cinco minutos. De inmediato fue designada como gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno del estado y se convirtió así en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Sinaloa. Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también señalado en la acusación— solicitó licencia por diez días, y en su lugar asumió Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional. Ambos políticos, al igual que Rocha Moya, han rechazado las imputaciones y han manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones.

Un punto central del debate jurídico se ha centrado en si Rocha Moya conserva o no el fuero tras separarse del cargo. Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró a través de sus redes sociales que el "fuero" —en términos estrictos, la inmunidad procesal— protege la función, no a la persona. "Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal", explicó Zaldívar, citando precedentes del Poder Judicial Federal.

Esta interpretación contradice las versiones que aseguraban que el gobernador con licencia seguía protegido por esta prerrogativa, y deja claro que Rocha Moya podría ser sujeto a un proceso penal sin necesidad de que el Congreso federal realice una declaratoria de procedencia (desafuero).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado pronunciarse directamente sobre la licencia y ha remitido sus declaraciones a la conferencia matutina del lunes. Al ser cuestionada este sábado por periodistas en Palenque, Chiapas, la mandataria respondió escuetamente: "El lunes, ya saben, en la mañanera". Sin embargo, en días previos fue enfática al señalar que México no tolerará injerencias extranjeras y que cualquier investigación debe acreditarse ante la justicia mexicana. "Si no hay pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", declaró en su conferencia del jueves, al tiempo que reiteró que en México "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable". El gobierno de Donald Trump, mientras tanto, ha solicitado la detención provisional con fines de extradición de los diez acusados, aunque la FGR ha condicionado cualquier acción a que se presenten elementos probatorios suficientes conforme al sistema jurídico mexicano.