SCJN avala límite a rentas en CDMX: aumentos no podrán superar la inflación anual.

En una decisión histórica que busca frenar el desplazamiento de habitantes por la gentrificación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional por unanimidad el artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, que establece que el incremento anual de las rentas para vivienda no podrá ser superior a la inflación registrada el año anterior.

El Pleno del máximo tribunal negó así el amparo promovido por la empresa inmobiliaria Urbanhub México, que impugnaba la reforma aprobada por el Congreso capitalino en agosto de 2024, argumentando que vulneraba la libertad contractual y la igualdad al imponer un parámetro general sin distinguir zonas, montos o tipos de vivienda.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, ponente del amparo en revisión 546/2025, sostuvo que la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo: garantizar el derecho a una vivienda adecuada y prevenir aumentos desproporcionados que generen expulsión de habitantes de zonas centrales hacia la periferia. "La medida legislativa responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que, en contextos de alta presión inmobiliaria, generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas", argumentó el ministro. La resolución se fundamenta en el Artículo 4° constitucional y en la Observación General N°4 de la ONU, que recomienda proteger a los inquilinos contra alzas excesivas que comprometan otras necesidades básicas.

Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama expuso datos contundentes sobre la crisis habitacional: en los últimos 20 años, el costo del suelo en la capital se ha incrementado en un 800 por ciento, mientras que la proporción de habitantes dueños de su vivienda cayó del 71 por ciento en el año 2000 al 50 por ciento en 2020.

"Se está garantizando una ganancia justa para los propietarios, pero al mismo tiempo se protege a quienes tienen que vivir en alquiler porque no tienen vivienda propia", afirmó la ministra, subrayando que la norma establece un equilibrio entre el derecho al lucro y el derecho humano a la vivienda.

El Pleno dejó pendiente la votación sobre el artículo 2448-F, que crea un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento. Ministros como Arístedes Guerrero expresaron su preocupación por la posible vulneración a la protección de datos personales, ante el riesgo de hackeos y el tráfico ilegal de información sensible como nombres, ubicaciones y montos de renta. El ministro presidente Aguilar Ortiz presentará un proyecto con ajustes en una sesión posterior para abordar estas reservas.

En tanto, el doctor en Políticas Públicas Víctor Aramburú consideró que, si bien el tope es un avance, la solución de fondo debería ser que el gobierno de Clara Brugada incremente la oferta de vivienda pública asequible y frene la especulación inmobiliaria, ya que la inflación es un índice nacional donde la vivienda tiene un peso menor . Esta resolución se enmarca en un contexto más amplio de políticas habitacionales, como la Ley de Rentas Justas impulsada por Brugada, que contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria y el programa Otoch con una inversión de 600 millones de pesos para rehabilitar unidades habitacionales.