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Senado aprueba ley que permitirá invertir hasta el 30% de las Afores en megaproyectos del gobierno


En una sesión marcada por un intenso debate ideológico, el Pleno del Senado de la República aprobó este martes la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una iniciativa prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma, que obtuvo 84 votos a favor de Morena y sus aliados (PVEM y PT) y 28 en contra del PAN y PRI, autoriza un nuevo esquema de financiamiento mixto que permitirá canalizar recursos del ahorro de los trabajadores depositados en las Afores hacia proyectos considerados estratégicos para el país. La nueva legislación fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor, tras un proceso legislativo acelerado de apenas 20 días.


La nueva ley, que consta de 141 artículos, permite la creación de fideicomisos y vehículos financieros para que el sector privado y las Afores puedan participar en el financiamiento, construcción y operación de obras en sectores como energía, transporte, agua, salud y desarrollo urbano, bajo la rectoría del Estado.


Actualmente, de los cerca de 6 billones de pesos administrados por las Afores en beneficio de más de 70 millones de trabajadores, solo entre el 8% y el 9% se destina a infraestructura, a pesar de que el límite regulatorio permite hasta un 30%. La oposición criticó que la ley permita iniciar procesos de contratación sin contar con la suficiencia presupuestaria definitiva y que se redefina el gasto corriente estructural, lo que podría ocultar el verdadero impacto fiscal de los proyectos.


Durante la discusión, la senadora priista Claudia Anaya calificó el dictamen como "el más neoliberal de la actual administración" y lo comparó con los controversiales esquemas Pidiregas de los años 90, acusando a la actual izquierda de recurrir a las mismas prácticas que antes criticaba. En respuesta, el senador del PVEM, Luis Alfonso Silva, defendió la iniciativa como un mecanismo de "economía mixta" que mantiene el control estatal sobre los activos y evitará concesiones discrecionales del pasado. Legisladores de Morena aseguraron que la medida podría incrementar la inversión en infraestructura hasta un 25% de los fondos de pensiones, lo que representaría movilizar entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales para obras productivas.


En paralelo a la votación en el Senado, la presidenta Sheinbaum se reunía en Palacio Nacional con Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, acompañado de directivos de Global Infrastructure Partners, en un encuentro que refuerza la estrategia del gobierno por atraer capital privado a los megaproyectos de infraestructura.


Especialistas en seguridad social, como el IMCP, han señalado que los recursos de los trabajadores no corren riesgo siempre que se garanticen retornos a los ahorradores y exista una vigilancia estricta por parte de la CONSAR.


No obstante, analistas y la oposición advierten que registrar las inversiones como pasivos contingentes en lugar de deuda soberana podría poner en riesgo la calificación crediticia del país. La ley, que será promulgada en los próximos días por el Ejecutivo, ya es objeto de análisis para determinar si se interpondrán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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