Sheinbaum alista reforma: sanciones exprés y sin fuero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en aproximadamente quince días presentará una reforma en materia anticorrupción que se centrará en sanciones administrativas y en la reducción drástica de los plazos para resolver los casos. Durante su conferencia matutina del 22 de septiembre, la mandataria explicó que actualmente un expediente de corrupción puede tardar entre 15 y 20 años en resolverse, tiempo suficiente para que los delitos prescriban y los responsables queden impunes. La reforma, que será esencialmente administrativa y no tocará a la Fiscalía General de la República, también contempla el resarcimiento del daño al erario público en los actos de corrupción.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que la iniciativa busca cerrar los vacíos legales que actualmente impiden vigilar dependencias como el Infonavit, organismo tripartita que quedaba fuera de la supervisión de su secretaría. La funcionaria explicó que también se pretenden establecer plazos definidos para cada etapa de las investigaciones, impedir que los expedientes sean “encarpetados” hasta que prescriban y permitir la reclasificación de las conductas sin reiniciar todo el procedimiento. “Que no haya vacíos legales para que siempre haya una autoridad competente que pueda supervisar”, resumió Buenrostro.

En paralelo a la preparación de esta reforma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este lunes una nueva tanda de sanciones administrativas contra 47 servidores públicos y una empresa, por faltas graves y no graves cometidas en distintas dependencias federales. Las sanciones incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y multas que en conjunto suman aproximadamente 4.6 millones de pesos.

Entre los casos destacan un funcionario de la CFE en Puebla, inhabilitado por 10 años por presentar incapacidades médicas falsas; un servidor de la Sedena en Durango, destituido e inhabilitado por 10 años por no comprobar gastos de víveres y combustible; y una empresa sancionada por el SAT con cuatro años de inhabilitación y una multa de 3.1 millones de pesos por presentar facturas alteradas en una licitación.

Las cifras más recientes presentadas por Buenrostro revelan que en los dos años de la actual administración se ha sancionado a 4,193 servidores públicos, de los cuales 665 fueron por faltas graves. Además, se han presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra servidores públicos y 53 de ellos han sido vinculados a proceso por delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado. La funcionaria destacó que las acciones de prevención y fiscalización han permitido proteger cerca de 84 mil millones de pesos que habrían sido desviados por actos de corrupción.