Sheinbaum exige auditorías al INE

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este viernes su postura ante el escándalo que envuelve a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, al exigir que se realicen las auditorías necesarias para esclarecer las acusaciones de presuntos vínculos con proveedores y conflictos de interés. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, declaró durante su conferencia matutina, al subrayar que la defensa de la institución no puede confundirse con la protección de intereses particulares. La mandataria también cuestionó las movilizaciones del pasado bajo la consigna “El INE no se toca”, al considerar que respondían a intereses propios y no a una verdadera defensa del organismo.

El pronunciamiento presidencial se produce en medio de una crisis que estalló la semana pasada, cuando se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf, por presuntas irregularidades en sus operaciones y contrataciones. Las pesquisas vinculan a estas compañías con personas que ocuparon cargos en el instituto, como Jonathan Navarrete Torres —señalado como chofer de Taddei— y Jesús Octavio García González, quienes habrían tenido relación con la oficina de la consejera presidenta. Las revelaciones también documentaron la cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con las firmas investigadas.

Ante los señalamientos, Taddei ha negado categóricamente cualquier favoritismo y ha descartado presentar su renuncia. “Esta presidencia no tiene empresas favoritas”, afirmó, al anunciar que solicitará una nueva revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que remitió información al Órgano Interno de Control para que se revisen posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales de los involucrados. La funcionaria sostuvo que las responsabilidades deben determinarse mediante investigaciones formales y rechazó separarse del cargo mientras se realizan las indagatorias, argumentando que los ataques buscan “lastimar su trabajo” y afectar la autonomía institucional del organismo.

La presión política no se ha hecho esperar. Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, representantes del PRI y de Somos exigieron la separación temporal de Taddei y reclamaron explicaciones puntuales sobre las contrataciones. “La gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos, más aún cuando nos encontramos dentro de los procesos electorales”, señaló Marco Baños, representante de Somos. Por su parte, Morena defendió que los cuestionamientos sigan los cauces institucionales y que sea la ASF la que determine las responsabilidades, llamando a respetar la presunción de inocencia de la consejera presidenta. Con el proceso electoral de 2027 ya en marcha, el caso Taddei se ha convertido en una prueba de fuego para la credibilidad del árbitro electoral y para la relación entre el Ejecutivo y el organismo autónomo.