Sheinbaum propone corregir la reforma judicial.

Para evitar el colapso electoral y corregir el modelo de selección de jueces, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado una iniciativa para aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como para rediseñar el proceso de selección de candidatos. La reforma, que ya está siendo analizada en el Congreso por Morena, el Partido Verde y el PT, busca simplificar las boletas y endurecer los filtros tras las fallas exhibidas en el primer ensayo electoral del Poder Judicial en 2025.

La complejidad del calendario electoral fue el principal argumento. En 2027, además de la elección judicial, coincidirían la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, ayuntamientos en 30 entidades y 31 congresos locales. Según cálculos del INE, esto obligaría a instalar más de 353 mil casillas (el doble de lo habitual) y capacitar a más de 3.1 millones de ciudadanos, con un costo adicional de 2 mil millones de pesos. La presidenta Sheinbaum resumió el argumento logístico: “la dificultad que iba a ser para el 2027 que los electores tengan que moverse a otra casilla”.

Pero la reforma no es meramente administrativa; es un reconocimiento implícito de que la primera elección judicial fue un fracaso. Aquella elección dejó una participación ciudadana menor a la esperada, perfiles cuestionados por su escasa experiencia y un proceso de evaluación incapaz de filtrar adecuadamente a los aspirantes. La iniciativa propone ahora la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación, exámenes técnicos obligatorios elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y una drástica reducción del número de candidatos mediante insaculación pública, para evitar que las boletas se conviertan en un "galimatías" para los votantes.

La oposición ha reaccionado con duras críticas, calificando la maniobra como un intento del gobierno por manipular la elección para asegurar perfiles afines. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha respaldado la iniciativa pero ha advertido que el Congreso tiene solo hasta el 3 de junio para aprobarla, ya que la ley prohíbe modificar las reglas electorales 90 días antes del inicio del proceso. Con este movimiento, el oficialismo no solo busca mejorar la eficiencia del sistema, sino también evitar que el descontento por una elección falla salpique las cruciales elecciones intermedias de 2027.