El INE de Taddei, en el ojo del huracán por contratos irregulares

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta un doble escándalo que pone bajo la lupa la transparencia de su administración. Por un lado, una auditoría interna del Órgano Interno de Control (OIC) detectó irregularidades en tres contratos para la remodelación del edificio D de la sede del instituto en Tlalpan, y por el otro, se reveló que su chofer personal es apoderado legal de una de las principales empresas proveedoras del árbitro electoral, Corporativo Zeg, la cual está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con la auditoría DAB/04/OP/2025, concluida en marzo de 2026, los recursos para los estudios de remodelación se autorizaron en 2021, pero los contratos se formalizaron hasta 2024, violando el plazo de cuatro meses establecido en el acuerdo original. La entonces secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, argumentó que se trataba de una continuación de trabajos previos, pero el OIC determinó que no se entregó documentación que comprobara las obras ni en 2021 ni en 2024. Las anomalías incluyen cotizaciones elaboradas en papel membretado del propio INE, retrasos de hasta 148 días y un pago de 198,041 pesos por trabajos no concluidos en el contrato de instalación eléctrica.

En paralelo, el diario *Reforma* reveló que Jonathan Navarrete Torres, chofer de Taddei desde abril de 2025, posee un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg desde junio de 2023. Esta empresa, junto con Cajas Graf, domina el mercado de materiales electorales y ha sido señalada por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de tener expedientes abiertos en la ASF y la Cofece por prácticas monopólicas. Navarrete omitió esta información en su declaración patrimonial, donde solo reportó su sueldo de 45,765 pesos mensuales como chofer.

El caso se agrava porque el exdirector de Administración del INE, Jesús Octavio García González, también fue representante legal de Zeg en 2023, y tanto Espino como Iliana Araceli Hernández Gómez —hoy titulares de áreas clave del instituto— otorgaron millonarios contratos a estas empresas cuando encabezaban los institutos electorales de Chihuahua y Oaxaca, respectivamente.

Estas revelaciones se suman a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Taddei, marcada por nombramientos unilaterales de perfiles políticos en áreas técnicas, la negativa a entregar información a consejerías y más de 830 renuncias “voluntarias” exigidas a colaboradores para reconfigurar la plantilla laboral. Mientras el OIC mantiene sus observaciones y la UIF continúa sus indagatorias, el escándalo pone en entredicho la autonomía y la integridad del organismo encargado de arbitrar las elecciones en México, a poco más de un año de los comicios de 2027.