El Salvador autoriza la reelección indefinida: Bukele allana el camino hacia un poder vitalicio.

El presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas hicieron realidad el 31 de julio de 2025 una reforma relámpago a la Constitución de El Salvador que impone tres cambios estructurales clave: permite la reelección indefinida del cargo presidencial, extiende la duración de los mandatos de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral. Además, el actual periodo se recortará para adelantar nuevas elecciones a 2027, coincidiendo con legislativas y municipales. La votación en la Asamblea Legislativa —dominada por Bukele— fue de 57 votos a favor y solo tres en contra.

¿Por qué es polémico?

Para Human Rights Watch, este conjunto de reformas marca un paso autoritario hacia un modelo de poder perpetuo con escasos contrapesos. Juan Pappier (subdirector para las Américas) advierte que la concentración del poder recuerda “el mismo libreto” aplicado por Hugo Chávez en Venezuela, pero acelerado: control de la Corte Suprema, anulación del pluralismo institucional y cambio agresivo del marco electoral para consolidar al ejecutivo.

Desde Cristosal, organización de derechos humanos con 25 años de trabajo en El Salvador, se pronuncian en términos aún más contundentes. Su director ejecutivo, Noah Bullock, dijo que las reformas no devuelven el poder al pueblo, sino que se lo entregan “sin límites a la familia Bukele”. Calificó el paquete de reformas como “el tiro de gracia” a la democracia salvadoreña, que siguió a una ola de exilios, arrestos arbitrarios y acoso institucional contra periodistas y defensores de derechos humanos.

En apoyo, Acción Ciudadana, otra ONG local, recalcó que la alternancia democrática queda prácticamente cerrada; en adelante, una sola persona podrá ejercer la presidencia por 14 o más años consecutivos, cuando antes el límite era de cinco.

Riesgo de desmantelamiento institucional

La reforma no solo modifica el calendario electoral, sino que ocurre dentro de un contexto de ley de agentes extranjeros, aprobada en mayo de 2025, que obliga a ONG y medios a registrarse como “agentes extranjeros”, pago de un impuesto del 30 % y restricciones al ejercicio político. HRW advierte que esta ley tiene como fin silenciar a aquellos que denuncian corrupción o abusos estatales en nombre de la transparencia.

Uno de los casos más emblemáticos fue la detención de la abogada Ruth López, jefa de anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes en 2024. Fue arrestada el 18 de mayo bajo cargos de peculado, sin acceso a defensoría legal ni contacto familiar durante más de 48 horas, lo que organizaciones como HRW y OMCT calificaron como desaparición forzada de corta duración. Cristosal denunció que fue un ataque directo a las voces críticas del régimen.

Bukele se defiende… y la diplomacia mexicana opta por la neutralidad

Bukele ha reaccionado con desprecio ante las críticas al afirmar que estas surgen porque El Salvador es “un país pequeño y pobre” que desea actuar como una nación soberana. En redes sociales comparó: “el 90 % de los países desarrollados permiten reelección indefinida y nadie se inmuta; pero cuando lo hace un país pequeño como el nuestro, es el fin de la democracia”.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir un juicio político; declaró que respeta “la decisión soberana del pueblo de El Salvador” y que esa seguirá siendo la línea de política exterior mexicana.

¿Qué significa para México y la región?

El caso salvadoreño se inscribe en una tendencia regional, donde líderes electos explotan mayorías parlamentarias para reformar marcos constitucionales y perpetuarse. Para observar, México ha sido mencionado en recomendaciones en órganos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al instar al gobierno salvadoreño a garantizar libertades de prensa y asociación bajo su estado de excepción.

En el contexto de elecciones regionales en 2026, estas reformas podrían servir como advertencia sobre los riesgos que enfrentan las democracias latinoamericanas cuando no se respetan límites constitucionales y crece la criminalización de la sociedad civil. Por lo pronto, El Salvador entra a un terreno desconocido donde la alternancia no tiene salvaguarda explícita, y el escrutinio internacional se vuelve aún más vital.