El Senado de Argentina aprueba la reforma laboral de Milei en una jornada de tensión y violencia.

Tras una maratónica sesión de más de 14 horas que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el Senado argentino dio media sanción a la Ley de Modernización Laboral, la primera gran victoria legislativa del presidente Javier Milei en 2026. La iniciativa fue aprobada en lo general con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención, y ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en un trámite ágil durante febrero.

Mientras los legisladores debatían en el recinto, miles de manifestantes convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales se enfrentaban con las fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso, en una jornada que dejó un saldo de al menos 37 detenidos, varios heridos y escenas de cócteles molotov, piedras, balas de goma y chorros de agua a presión.

El corazón de la reforma modifica estructuras vigentes desde la década de 1970. Entre los puntos más controversiales se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una suerte de "hucha" común que se nutrirá con aportes obligatorios de las empresas —1% de la nómina para grandes compañías y 2.5% para pymes— y que sustituirá parcialmente la responsabilidad patronal directa en el pago de indemnizaciones por despido.

Asimismo, se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones y bonos no mensuales, aunque se establece un piso del 67% del salario habitual. En materia de jornada, se introduce la figura del "banco de horas" que permitirá extender la jornada diaria hasta 12 horas, compensando el exceso con días libres futuros en lugar de pago de horas extra, y se faculta el fraccionamiento de vacaciones en bloques no menores a siete días, diluyendo la obligatoriedad del descanso estival.

El oficialismo celebra mientras los sindicatos prometen batalla. La senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, calificó la reforma como "la más importante en 50 años" y aseguró que "terminará con la informalidad, creará empleo privado y generará oportunidades reales". Por el contrario, la CGT advirtió que la ley "no es modernización, es austeridad para los trabajadores" y anticipa nuevas medidas de fuerza, recursos judiciales y una campaña internacional para denunciar la violación de convenios fundamentales de la OIT.

La central obrera, junto a las dos centrales de trabajadores argentinos (CTA-A y CTA-T), cuenta con la solidaridad expresa de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que calificaron el proyecto como "un ataque inédito a los derechos sindicales y a la democracia".

El malestar social trasciende el ámbito laboral. En la provincia de Santa Fe, agentes policiales activos y retirados protagonizan desde hace días protestas exigiendo mejoras salariales, en un contexto donde el salario inicial de un suboficial ronda los 130 mil pesos argentinos (apenas 89 dólares), muy por debajo de la canasta básica que supera el millón 250 mil pesos.

El descontento cruza los estamentos de seguridad y evidencia el clima de ajuste que enfrenta el gobierno libertario. Mientras la reforma avanza hacia Diputados, Milei calificó la media sanción como "histórica", pero los expertos advierten que su impacto real en la formalización del empleo es incierto: "Su importancia es más política y simbólica que económica. Para el peronismo, esta aprobación sería una derrota colosal", sintetizó Ignacio Labaqui, analista de Medley Global Advisors .