Interpol activa ficha roja contra Rocha Moya y 9 exfuncionarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, cuentan con una ficha roja activa de Interpol derivada de las órdenes de aprehensión emitidas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el mecanismo internacional activado por Estados Unidos implica que, en caso de que los señalados salgan del territorio nacional, podrían ser detenidos por las autoridades de cualquier país miembro de Interpol.

Sin embargo, subrayó que actualmente "no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas", refiriéndose a los ocho implicados que aún no se han entregado. Entre los señalados que ya comparecieron voluntariamente ante las autoridades estadounidenses se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

La lista de personas requeridas por la justicia estadounidense incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y otros exmandos policiacos. Sheinbaum señaló que desconoce si Inzunza ha solicitado la protección de la Guardia Nacional, mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la seguridad de Rocha Moya corre exclusivamente por cuenta de la Policía Estatal en su calidad de gobernador con licencia, desmintiendo versiones de que contara con escolta federal. El propio senador Inzunza Cázarez declaró el pasado 17 de mayo que se encuentra en Culiacán y que no se entregará a las autoridades de Estados Unidos, pues "no existe una orden de aprehensión en su contra" en México.

La revelación de las fichas rojas se produjo en medio de un tenso intercambio entre la presidenta y el secretario García Harfuch sobre el esquema de protección del exmandatario sinaloense. Mientras Harfuch aseguraba que Rocha Moya no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución federal, Sheinbaum sostuvo que "entiende que sí" tiene resguardo de la Guardia Nacional a partir de una evaluación de riesgo.

Al ser cuestionada sobre si el gobierno federal mantiene un seguimiento especial sobre los ocho acusados aún prófugos, la mandataria respondió tajante: "Bueno, la Fiscalía abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas". La postura ha generado críticas de sectores de la oposición que exigen mayor colaboración con las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición de Rocha Moya y sus cómplices el pasado 29 de abril, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas. La FGR analiza las peticiones y ha asegurado que cualquier proceso de extradición se desarrollará conforme a los tratados bilaterales vigentes.

En tanto, los legisladores de la oposición han solicitado a la presidenta que informe sobre las acciones concretas del gobierno para evitar que los acusados evadan la acción de la justicia, pues la ficha roja de Interpol solo tiene efectos si los implicados intentan salir del país. El Departamento de Justicia estadounidense, por su parte, ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Rocha Moya y los demás señalados.