Tragedia en Tren Interoceánico; Sheinbaum promete justicia tras descarrilamiento mortal

Un trágico accidente en las vías del Tren Interoceánico ha conmocionado a México y encendido las alarmas sobre la seguridad de los emblemáticos proyectos ferroviarios de la actual administración. El domingo 28 de diciembre, un tren que cubría la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos se descarriló en un tramo montañoso del municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, dejando un saldo fatal de 14 muertos y más de un centenar de heridos tras el impacto inicial de 13 decesos.

El primer vagón de pasajeros cayó por un barranco de más de seis metros, en un accidente que sobrevivientes describieron como aterrador, llegando a reportar que el convoy tomaba una curva pronunciada a una velocidad que les infundía miedo.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la atención a las víctimas y la investigación rigurosa son la prioridad absoluta. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ya inició una indagatoria y tiene bajo custodia el dispositivo de registro de datos del tren, conocido como "Pulser" o "caja negra", para analizar factores como la velocidad, el estado de los frenos y la forma de conducción. Mientras tanto, la Secretaría de Marina, operadora del servicio, desplegó un vasto operativo con más de 360 elementos para labores de rescate y auxilio.

Este siniestro no es un hecho aislado en la nueva era ferroviaria mexicana. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el descarrilamiento en Oaxaca es el sexto incidente grave en solo dos años entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya, aunque es el primero con víctimas mortales . Previamente, en diciembre, un camión cisterna chocó contra un tren del mismo corredor en Chiapas, y el Tren Maya ha registrado al menos tres percances, incluyendo descarrilamientos menores en Yucatán.

Expertos y reportes señalan que la estrategia nacional para reactivar el ferrocarril ha estado marcada por plazos de construcción acelerados para cumplir metas políticas, lo que podría haber comprometido pruebas de funcionamiento y calidad en la infraestructura.

La sombra de posibles irregularidades se extiende más allá del operativo. La oposición y organizaciones civiles han señalado denuncias previas sobre la construcción, incluyendo acusaciones de compra de materiales de baja calidad, como balasto, presuntamente vinculadas a redes de corrupción. Mientras la investigación oficial avanza, las víctimas y sus familias han comenzado a organizarse.

Este lunes 5 de enero, un grupo de afectados anunció la presentación de una denuncia formal contra constructoras, contratistas y servidores públicos, buscando deslindar responsabilidades penales y administrativas. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha reconocido el derecho de las víctimas a buscar justicia, al tiempo que ha advertido sobre la presencia de despachos de abogados que podrían intentar aprovecharse de la situación, asegurando que el gobierno federal garantizará la reparación integral del daño.